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Costo y financiamiento del cambio climático en Suramérica

Los costos de adaptación al cambio climático se elevarán en los siguientes treinta años en una región tan vulnerable como la nuestra, si se continúa como hasta hoy. Esta carga financiera podría aligerarse si Suramérica es capaz de lograr el potencial y de combinar recursos de la variedad de fuentes financieras disponibles.

Por: Fernando Prada

La complejidad de medir los costos económicos del cambio climático, ya sea para llevar a cabo medidas de mitigación o de adaptación, ha llevado a estimados bastante imprecisos, controversiales y con varios supuestos subyacentes que reducen su fiabilidad. Para estimar los costos de la mitigación se puede seguir dos enfoques.  El primero se centra en las inversiones necesarias para reducir las emisiones de gases del efecto invernadero (GEI), comparando su costo-beneficio en diferentes sectores. El segundo enfoque busca calcular los efectos económicos de fenómenos climáticos cada vez más destructivos como consecuencia del calentamiento global. Este enfoque requiere la creación de modelos estadísticos que relacionen las emisiones GEI con su concentración en la atmósfera y los cambios permanentes de temperatura.  En el caso de los costos de adaptación, las estimaciones se centran en la inversión adicional necesaria para reducir el impacto del cambio climático. Por lo general, estas estimaciones utilizan los modelos estadísticos de cambios de temperatura desarrollados para calcular los costos de mitigación.  Este artículo se centra en los costos de adaptación y en las tendencias en el financiamiento de estos esfuerzos en Suramérica.

 

Las estimaciones de los costos de adaptación en el ámbito mundial han variado con metodologías que separan con mayor precisión los costos de desarrollo del costo de adaptación; paralelamente, se incluyen nuevas medidas de adaptación en estos cálculos. Dos estudios, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y del Banco Mundial, estiman que el costo de adaptación para los países en desarrollo está en el rango de US$ 28-67 mil millones y US$ 71-82 mil millones, respectivamente. El último calcula que los costos anuales de adaptación para los países de América Latina (AL) entre el 2010 y el 2050 serán de US$ 18-21 mil millones reales del 2005, lo que representa el 0.28 por ciento del PIB de AL en el 2005.

Algunos países de Suramérica han desarrollado planes y estrategias para enfrentar el cambio climático (tabla 1). En ellos se identifican las principales vulnerabilidades y se proporcionan líneas estratégicas de intervención, así como proyectos de mitigación y adaptación, principalmente del sector público. Hacia fines del 2010, Argentina, Venezuela y Paraguay no contaban con un plan de cambio climático explícito.

 

Solo los planes de Bolivia y Perú, este último aún no oficialmente, incluyen datos sobre costos de proyectos. El plan de Bolivia presenta 26 proyectos piloto para el período 2008-2011, a ser financiados principalmente mediante la cooperación internacional, tales como el programa piloto de adaptación (US$ 70 millones). Perú cuenta con 68 proyectos (US$ 1.2 mil millones) en el Sistema Nacional de Inversión Pública, de los cuales un 40 por ciento corresponde a adaptación. La mayoría de los planes asignan responsabilidades claras a las instituciones gubernamentales; y en el caso de Brasil, Perú y Chile, también incluyen una línea de tiempo. A pesar de que se menciona a los hogares y las empresas, estos planes se centran en el sector público y en la cooperación internacional. Este enfoque es miope, y contrasta con el esfuerzo requerido para enfrentar el cambio climático en una región tan vulnerable como la nuestra.

CEPALC estima los efectos económicos para Chile, Ecuador y Uruguay con un método similar a CMNUCC.  Proyectando un escenario base al año 2100, Chile puede incurrir en pérdidas de 1.1 por ciento de su PIB, Ecuador de 2.1 por ciento, y Uruguay en un rango de 4 a 10 por ciento.  Por otro lado, el Banco Mundial  indica que los costos de adaptación para evitar las pérdidas económicas irán aumentando progresivamente de US$ 18 mil millones en 2010-2019 a US$ 24 mil millones en 2040-2049, aunque disminuirán como porcentaje del PIB, de 0.31 a 0.16 por ciento en los mismos períodos. Por tanto, el mensaje es claro: los países de Suramérica tienen que invertir por adelantado para evitar futuras pérdidas.

 

Contrariamente a la creencia general, existen varios mecanismos financieros disponibles y la mayoría de ellos no se han explorado o implementado aún adecuadamente. Prada propuso un marco para identificar combinaciones de mecanismos financieros para iniciativas de adaptación y mitigación (figura 1).  El primer paso consiste en evaluar la medida en que es posible internalizar las externalidades causadas por las emisiones de GEI, lo cual es principalmente una estrategia de mitigación. El objetivo es hacer que los contaminadores paguen por sus emisiones. Hay dos grupos de instrumentos: 1) crear mercados para establecer un precio por emitir GEI o fortalecer los mercados de seguros y reaseguros para generar precios de riesgos específicos; o 2) cobrar impuestos, tasas o multas a insumos o bienes finales.

 

Internalizar las externalidades puede no ser suficiente. Así, la carga financiera recaerá sobre las empresas y familias, que necesitan movilizar recursos para reducir sus emisiones de GEI y poner en práctica sus iniciativas de adaptación. Los mecanismos financieros disponibles incluyen: 1) la inversión extranjera directa y la privada nacional para reducir sus emisiones de GEI y su exposición al cambio climático mediante la introducción de tecnologías bajas en carbono; 2) los mercados de capital para tecnologías limpias, tales como fondos de inversión verdes; 3) los incentivos para que las empresas y hogares apliquen límites voluntarios a sus emisiones de GEI, cumplan con normas y prácticas de negocios verdes o ajusten sus patrones de consumo a niveles bajos de huella de carbono; y 4) donaciones de fundaciones, responsabilidad social corporativa, ecofilantropía e individuos.

 

En este marco, el financiamiento público, ya sea del presupuesto o de la cooperación internacional, puede ser utilizado estratégicamente para movilizar recursos de otras fuentes y crear las condiciones para internalizar las externalidades en una mayor medida. El financiamiento público es escaso y está sujeto a los cambios en las prioridades, y será insuficiente si es la opción principal para afrontar el cambio climático. Sin embargo, las estrategias contra el cambio climático se basan principalmente en este tercer tipo de fuente de financiamiento y han carecido de la capacidad de proponer un conjunto integral de políticas.

 

Aunque fragmentadas, existen iniciativas que están dando forma al futuro del financiamiento del cambio climático. En CEPALC,  Uruguay desarrolló su curva de costos marginales de adaptación con el fin de identificar las actividades más costo-efectivas para reducir las emisiones de GEI, tales como mejorar la eficiencia energética de empresas y hogares o plantar pastizales. En segundo lugar, una estrategia innovadora consiste en utilizar recursos públicos para movilizar recursos domésticos privados, tal como lo hace el Plan de Bolsa Verde de Brasil, que ofrecerá transferencias condicionadas a los pequeños agricultores con el fin de reducir la deforestación e incentivar los usos sostenibles de la tierra. También hay oportunidades para el sector privado de obtener beneficios a la vez que proporciona productos y servicios a la base de la pirámide, un mercado de 270 millones de personas en AL que consume US$ 25 mil millones en energía al año. Finalmente, proporcionar financiamiento especial a sectores clave, tales como la silvicultura y la agricultura, es una tendencia importante en el financiamiento de mitigación. En este caso, los bancos multilaterales de desarrollo cubren los costos incrementales de las empresas que quieren ser “verdes”, a través de garantías y programas de adopción de tecnologías verdes, entre otras medidas. El Banco Interamericano de Desarrollo ha sido muy activo en el sector de la energía y en facilitar el acceso a los mercados de carbono.

 

Las naciones de Suramérica pueden seguir a la manada y aumentar su demanda por fondos públicos. Sin embargo, con una visión integral de los requerimientos financieros y las fuentes disponibles, pueden mejorar sus estrategias y atender mejor a sus poblaciones vulnerables. Los países con la intención de explorar fuentes alternativas podrían encontrar más sencillo el afrontar tan pesada carga.

 


1 IPCC, “Climate change 2007: mitigation of climate change”, Working Group III Contribution to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

2 Para ello se analiza cómo esas tres variables interactúan sobre largos períodos. El Informe Stern y el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) concluyeron que para evitar aumentos de la temperatura global mayores a 2° C, las emisiones de GEI deben ser en el 2050 la mitad que las de 1990 para garantizar una concentración de GEI circa 500 ppm.

3 Ver: Global report of the economics of adaptation to climate change study, preparado por el Banco Mundial.

4 CMNUCC, Climate change: impacts, vulnerabilities, and adaptation in developing countries, Bonn: CMNUCC, 2007; y Banco Mundial, The cost to developing countries of adapting to climate change: new methods and estimates, Washington D. C.: BM, 2011.

5 CLAES, Ambiente y desarrollo en América del Sur 2009/2010. Tendencias y emergentes en cambio climático, biodiversidad y políticas ambientales, Montevideo: Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES), 2010.

6 CEPALC, Economics of climate change in Latin America. Summary 2010, Santiago de Chile: CEPALC, 2010; CMNUCC, Climate change: impacts, vulnerabilities, and adaptation in developing countries, Bonn: CMNUCC, 2007.

7 CEPALC, ob. cit.

8 Banco Mundial, ob. cit.

9 F. Prada, Climate change financing: developing countries’ options and challenges for mitigation and adaptation, reporte para la preparación del World Economic and Social Survey (WESS), 2009.

10 CEPALC, ob. cit.


 
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